Ética. Muchos la pronuncian, pocos la practican y el resto
la ignora. Lleva más de una relación resquebrajada en diferentes disciplinas.
Uno de de sus tantos intentos de unión es con la Gestión de Riesgos y más aun
si se trata de riesgos financieros.
Las cusas de la crisis de financiera en las instituciones
del país se han venido aclarando en temas administrativos y financieros, pero
ciertamente también tiene naturaleza ética. El fraude interno es una de las variedades
más conocidas del llamado riesgo operacional, que es definido en el acuerdo
internacional Basilea II, aplicable a los bancos y otras instituciones
financieras similares, como “la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a
procesos inadecuados, fallas del personal o de la tecnología de información o a
eventos externos”; es una definición general que puede aplicarse también fuera
del sector financiero.
Si se produce un fraude interno, el factor decisivo es la carencia
de principios éticos de la persona que lo realiza, ya que es la antesala de los
movimientos irregulares y posibles rupturas financieras de las instituciones.
Es por ello que en los principios de buen gobierno corporativo y de buena
gestión del personal se insiste mucho en la idea de que los directivos y personal
restante no presenten debilidades al respecto.
El principal problema radica en la supuesta obtención de
buenos resultados, los máximos dirigentes abren demasiado su tolerancia con
ciertas conductas antiéticas de sus ejecutivos, que finalmente terminan siendo
cómplices de las ideas y prácticas fraudulentas de estos empleados.
Y esta vez le tocó a la Caja Metropolitana de Lima, que aprobó
la contratación del ciudadano chileno Andrés Muñoz Ramírez como consultor,
amigo del actual gerente municipal y presidente del directorio de la entidad,
José Miguel Castro. Uno de los informes que sustentaron el ingreso de Muñoz fue
firmado por Ángel Calderón Rojas, en calidad de gerente de Riesgo. Sin embargo,
Calderón entraría a laborar a la caja 25 días después de esa rúbrica.
Esta es una de las irregularidades reveladas por el Órgano
de Control Institucional (OCI) de la caja. Ambos al ser funcionarios genera un
ambiente de descontrol, desgobierno y ausencia de rendición de cuentas
transparentes.
Y ¿cuál fue el costo?, más de 60 millones de soles en
pérdida de patrimonio en diferentes movimientos, pagos y demás reembolsos disfrazados en forma de causa
benéfica.
Ello hace notar las serias debilidades institucionales, que
pueden hacer caer en la tentación de la impunidad; pero es un error creer que
eso siempre funciona. Hay una clara falta de ética, Como consultor el señor
Muñoz, debió defender los intereses de la caja y no beneficiarse él.
Más vale hacerse preguntas sobre si algo está bien o está
mal y no sólo si es “legal”, incentivar el debate interno, pues también puede haber
casos poco obvios a primera vista, que lamentarse después. Eso es también parte
de una buena gestión de riesgos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario